Due Diligence

La diligencia debida en el mercado del arte tiene por objeto identificar los riesgos jurídicos, documentales y transaccionales que puedan afectar a una obra, una colección o una operación prevista. El proceso no se limita a confirmar información básica sobre la titularidad. Puede requerir el examen de la titularidad jurídica, la procedencia, la autenticidad, la atribución, el estado de conservación, el historial de transacciones, las restricciones a la transmisión, los riesgos regulatorios y la identidad y facultades de las partes implicadas.

El alcance de la revisión depende de la naturaleza de la operación y del nivel de riesgo que presente. Una adquisición, venta, financiación, consignación, préstamo u otro tipo de acuerdo puede exigir comprobaciones diferentes, especialmente cuando la obra ha atravesado distintas jurisdicciones, ha cambiado de titular en numerosas ocasiones o está acompañada de documentación incompleta. La fiabilidad de certificados, facturas, documentos de exportación, contratos anteriores, opiniones de expertos y declaraciones sobre la procedencia debe evaluarse y no darse por supuesta.

La diligencia debida jurídica se extiende también a las circunstancias que rodean la propia operación. Pueden plantearse cuestiones relativas a la titularidad real, la representación, las facultades para vender, los regímenes de sanciones, las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, las restricciones aplicables a los bienes culturales, las reclamaciones existentes, los derechos de garantía o las limitaciones contractuales que afecten a la facultad de disposición. Cuando se detecten cuestiones relevantes, puede resultar necesaria una investigación histórica, técnica, financiera o especializada adicional antes de que la operación siga adelante.

La finalidad de la diligencia debida no es eliminar toda posible incertidumbre, sino identificar los riesgos que resulten relevantes para la decisión que deba adoptarse. Las conclusiones deben distinguir claramente entre las cuestiones que pueden verificarse, aquellas que permanecen sin resolver y las que pueden afectar a la titularidad, la exigibilidad de los derechos, el valor o una futura transmisión. El resultado no consiste, por tanto, en una mera lista de comprobaciones, sino en una evaluación razonada de si las evidencias disponibles permiten seguir adelante con la operación, renegociarla, someterla a determinadas condiciones o realizar investigaciones adicionales.